El día de ayer Aljazeera publicó una editorial de activistas de EFF en la cual denuncian una licitación pública para adquirir un “Sistema de Vigilancia Técnica” para México que financiará Estados Unidos, y en la cual expresan su profunda preocupación por el ataque a la privacidad y los peligros que esto significa para los ciudadanos mexicanos:
La editorial de activistas de Electronic Frontier Foundation afirma:
En una convocatoria para recibir propuestas publicada el 27 de Abril, el US Bureau of International Narcotics and Law Enforcement Affairs otorgará un contrato para actualizar el sistema de vigilancia de 30 a 107 estaciones de monitoreo.
La noticia llega en vísperas de la aprobación de las nuevas reglas anticonstitucionales en la ley federal mexicana – revisiones que provocaron una protesta por parte de defensores de la privacidad. Las enmiendas darán a las agencias de seguridad poderes sin precedentes para triangular la localización de usuarios de teléfonos celulares, sin supervisión judicial. El Ombudsman mexicano ya presentó una acción de anticonstitucionalidad contra esta ley.
Estas nuevas reglas se llaman ley de geolocalización.
Nextgov, la fuente de esta preocupante editorial, afirma que el sistema será usado por la Secretaría de Seguridad Pública para “continuar ayudando a detener, prevenir y mitigar la comisión de crímenes federales mayores en México que incluyen el tráfico de drogas y terrorismo”.
El Departamento de Estado comprará un sistema de monitoreo que habilita “la intercepción oportuna, procesamiento, análisis y almacenamiento de comunicaciones de telefonía nacional y otros servicios de comunicación en México”.
Este es el segundo contrato que el Departamento de Estado ha financiado para explotar los sistemas de telecomunicación mexicanos. En febrero del 2007, otorgó un contrato de 2.9 millones de doláres a Verint, conocido como “sistema de intercepción de comunicaciones” para equipar otra entidad del gobierno mexicano, la AFI.
El contrato pedía a Verint que ofreciera un sistema capaz de interceptar comunicaciones por cableado o inalámbricas, así como servicios de VoIP en México con capacidad para almacenar en línea 25.000 horas de llamadas. Este sistema también fue diseñado para interceptar correos electrónicos, Internet Relay Chat y transferencia de archivos a la Agencia Federal de Investigaciones.
El presidente Obama autorizó sanciones en relación a la venta de sistemas de vigilancia a gobiernos no democráticos en abril de este año. Específicamente en relación al desastre humanitario que los sistemas de deep packet inspection de Blue Coat causaron en Siria al facilitar la localización y represión de opositores al régimen de Bashar al-Assad.
El presidente Obama declaró en su momento que:
Tenemos que hacer todo lo que podamos para prevenir y responder a este tipo de atrocidades, porque la soberanía nacional no es ninguna licencia para masacrar a tu gente. Estas tecnologías deben usarse para empoderar a los ciudadanos, no para reprimirlos.
La órden ejectiva de Obama emitida el 23 de abril de este año declara:
Yo, Barack Obama, Presidente de los Estados Unidos de América, determino que la comisión de serios abusos a los derechos humanos contra la gente de Iran y Siria por parte de sus gobiernos, facilitado por computadoras y la disrupción de redes, monitoreo y localización por parte del gobierno, y entidades implicadas en Irán y Siria, son cómplices del mal uso de la tecnología para estos propósitos y amenazan la seguridad nacional y la política internacional de los Estados Unidos.
México no es Siria…pero ¡no sé qué parte de 60000 muertos, 10000 desaparecidos, cientos de impunes asesinatos de activistas y periodistas que han convertido a México en el lugar más peligroso para ejercer el periodismo — no entiende el presidente de Estados Unidos! La guerra contra las drogas ha fracasado, pero en vez de explorar otras opciones más sensatas y más valientes que la guerra, se licita un sistema de vigilancia sin salvaguardas que eviten su abuso en contra de la población en un delicado momento de coyuntura política. Sin palabras.
EFF deja muy claro en su editorial en Aljazeera que la táctica de de financiar sistemas de vigilancia para combatir el narcotráfico ha sido probada un arma de doble filo y que ha sido abusada por los gobiernos contra su gente, específicamente en Colombia:
Los esfuerzos de Estados Unidos para detener a los narcotraficante equipando con tecnología de vigilancia a gobiernos extranjeros ha fracasado en el pasado. Por ejemplo, En Colombia, el gobierno uso el dinero americano y su equipo para perseguir oponentes políticos y activistas de derechos humanos en vez de ir detrás de narcotraficantes. El escándalo de “Las Chuzadas” explotó en tiempos de Alvaro Uribe y la agencia de inteligencia colombiana en 2009. Como resultado, el líder de la agencia de inteligencia del 2002 al 2005, Jorge Noguera, fue sentenciado a 25 años de cárcel por perseguir a activistas políticos y colaborar con los paramilitares.
En vez de utilizar el equipo que Estados Unidos dio a la DAS con los narcotraficantes, DAS lo utilizó para intervenir dispositivos y en sistemas de intercepción de llamadas para espiar a oponentes políticos, periodistas y uniones de trabajadores, e incluso, ONGs que buscaban remediar los abusos.
Katitza Rodríguez y Rebeca Bowe concluyen:
Ya sea para obtener beneficios políticos o en las manos de los organismos víctimas de la corrupción, la actualización de la capacidad de vigilancia puede ser utilizada ilegalmente y poner en peligro la provacidad y la vida de opositores y periodistas que respetan la ley, poniéndolos en peligro físico o en riesgo de muerte. Sin extrema cautela, los resultados de la vigilancia impulsada por los Estados Unidos en los esfuerzos de lucha contra las drogas puede ser la antítesis de su mandato de libertad y la democracia.
La relación de Estados Unidos y México ya no puede estar basada en guerra y vigilancia, y mucho menos en estas insultantes actitudes colonialistas. Es necesario que nos respeten y nos demos a respetar para poder decidir juntos de forma ética y democrática la forma en la cual podemos coexistir. La intercepción “legal” de comunicaciones privadas, en efecto, no tiene nada que ver con la democracia.
Que las elecciones no se conviertan en un cortina de humo para que estos asuntos no sean atendidos. El derecho a la información depende más de nuestra integridad física y de redes sanas de comunicación, que de las noticias en la televisión. #just sayin’
Finalmente, recomiendo ver este pequeño documental acerca de la intercepción (i)legal de comunicaciones privadas por parte de los gobiernos, por cierto, comunicaciones protegidas por la Constitución Mexicana.
Fuente: Editorial íntegra de Aljazeera y Noticia en Nextgov
Vía: Alt1040
junio 17 2012
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